Una pedagogía que no se fundamente sobre la reflexión rigurosa de lo que es la educación en su relación con la persona humana y del saber corre el riesgo de dejar por fuera aspectos importantes de orden metodológico y teleológico que falsean la ordenación de la conducta de la persona humana que el educador, el educando y la sociedad deben hacer mediante actos de razón. Por lo anterior, se emprende la presente reflexión en tres secciones: la primera recoge el estudio del primer eje de formación para el abogado que se propone como fundamento del proyecto educativo del Programa de Derecho (PEP) de la Universidad Católica de Colombia, denominada eje de formación filosófica; en la segunda parte, en línea con el pensamiento de Aristóteles, se muestra una reflexión sobre la Filosofía como un saber fundado en causas últimas mediante un método específico lógico-racional; en la tercera sección, se propone un método pedagógico para el proceso de formación del estudiante de la ciencia del Derecho.

El artículo ilustra uno de los temas más controversiales, en términos de lo jurídico y la comunicación, presentes en los inicios del siglo XXI: las redes sociales en Internet, que surgen como una respuesta a la naturaleza humana de comunicarse y de establecer vínculos personales, profesionales y sentimentales. Puesto que no existe una relación personal y directa con la persona con quien se está interactuando, puede haber lugar a vulneración de derechos fundamentales que se relacionan con el fuero interno de las personas. En el marco virtual de las redes sociales, es fácil proyectar un perfil que refleje una identidad que, en algunos casos, no corresponde a la realidad. El ambiente interactivo virtual se presta para que la persona que está al otro lado del computador suplante una identidad, como sucede con los individuos que solicitan amistad de personas con fines delictivos y ponen en riesgo la integridad y honra de las personas. La afectación del derecho a la intimidad desde las redes sociales es evidente, sea por terceros o por la misma persona titular que expone su vida privada sin medir las consecuencias y el impacto social, dada la rapidez de la difusión de la información que permite Internet.

El Estado colombiano está inmerso en el proceso de paz y posconflicto, si llegara a concretarse tal acuerdo, razón por la cual debe enfrentar una etapa de transición continua en la que se replanteen aspectos como el modelo de justicia que se ha venido aplicando y que terminará por modificar el sistema jurídico y las políticas públicas que hasta la fecha se han venido ejecutando. Es por ello que, a la hora de plantear políticas públicas cuyo objetivo sea la consecución de la paz, estas deben ser entendidas desde la esfera de la sana convivencia y la aceptación del otro. Todo aquello se lograría a partir de una evolución del sistema jurídico y cultural de la sociedad colombiana que permita incluir la moral jurídica, la cual, tiene como requisito fundamental el reconocimiento recíproco entre personas y se materializa con un sistema jurídico que abarque más allá de una simple protección a los derechos humanos. Lo anterior hace referencia a la pluricultural existente en todo el territorio nacional, por ejemplo, las minorías étnicas gitanas, afrodescendientes, etc. y a cómo deben ser incluidas de forma efectiva en un modelo social sostenible.

El resguardo indígena embera katío del río Alto Andágueda está siendo afectado por uno de los problemas nacionales más importantes, denominado minería ilegal, lo cual altera los componentes sociales, culturales, económicos y ambientales de los nativos del lugar y vulnera sus derechos fundamentales. Esto trae como consecuencia la presencia de delitos conexos como extorsión, explotación infantil y violación, entre otros, además de una nefasta destrucción del ambiente, por lo que amerita una revisión de responsabilidades y participación de las entidades comprendidas en las ramas del poder público colombiano para atender la problemática en este resguardo indígena.

El fenómeno de globalización por medio de las nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación ha impulsado las relaciones de forma más directa entre los ciudadanos y los colectivos, situación que ha determinado un contexto pluralista en términos culturales. De él se desprende el pluralismo jurídico como concepto que explica las múltiples prácticas jurídicas actuales y que, a la vez, se involucran en análisis de deliberaciones de la Ciencia Jurídica como el reconocimiento de la diversidad cultural de los Estados contemporáneos. Este se expresa por medio de pronunciamientos de tribunales constitucionales, las identidades culturales esenciales para configurar la ciudadanía y las críticas al multiculturalismo, que se encuentra más aliado con los intereses del mercado y del consumo que con un reconocimiento real de la diversidad cultural. Estos análisis, deliberaciones y reflexiones serán expuestos en el artículo.

Mediante el presente artículo se pretende exponer la situación laboral de los funcionarios y empleados del sector judicial en un contexto social, político y económico, dentro de las posturas del nuevo derecho constitucional. La función de administrar justicia en las últimas décadas ha generado grandes debates internacionales, nacionales y locales; asimismo, la globalización y la lucha de los funcionarios judiciales por la protección de sus derechos laborales –dada por la evasión y omisión del Gobierno frente a estos temas– han desembocado en estudios académicos de toda índole, en los que se ha procurado establecer la importancia de la Rama Judicial y las garantías laborales de estos funcionarios. Desde la concepción de los nuevos Estados constitucionales, la función del juez tiene importancia como sujeto social con características específicas.